En Perú, el Gobierno obliga a los funcionarios públicos a recibir talleres con ideología de género. Y la Democracia Cristiana de América exige a la dictadura de Ortega parar su asedio contra la Iglesia Católica en Nicaragua.
Empezamos esta crónica semanal de Hispanoamérica —en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia y la libertad— en Uruguay, para defender el derecho a la vida.
Y es que, recientemente, en ese país, legisladores de la coalición de Gobierno y de la oposición presentaron un proyecto de ley para regular la eutanasia.
Y en ese marco, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) publicó el documento ‘Afrontar el final de la vida: un aporte al debate público’ con la finalidad de aportar criterios en el debate sobre la eutanasia tanto el orden legal como en el moral. El texto parte de la definición de lo que se entiende por eutanasia desde la Conferencia Episcopal del Uruguay: «una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor», definiendo también el suicidio médicamente asistido.
Los obispos sostienen ante la eutanasia y el suicidio médicamente asistido que “jurídicamente, implica cambiar el valor absoluto de la vida humana y su carácter de derecho humano fundamental indisponible e irrenunciable, contra la Constitución y los Derechos Humanos”, recoge Aica.
Ellos distinguen el orden legal del moral, y analizando diferentes artículos de la Constitución del país, señalan que “el proyecto presentado quiere modificar la valoración social del principal derecho: el derecho a la vida”. Desde el episcopado uruguayo consideran que se quiere legalizar el suicidio y homicidio compasivo, con términos ambiguos y fundamentos frágiles. Desde ahí señalan las previsibles consecuencias, que definen como “una pendiente resbaladiza”.
Nos vamos ahora a Perú, para defender la ley natural frente a la ideología de género. Porque el Gobierno del Perú aprobó una nueva norma de formación para todos los empleados y funcionarios públicos acerca del «enfoque de género», en la cual se impartirán talleres a más de 1,5 millones de trabajadores «para la prevención de la violencia y discriminación por género», recoge Aciprensa.
Giuliana Caccia, líder profamilia y directora de Origen, afirma que la cartilla incluye «términos claramente ideológicos» y asegura «que las terapias de conversión son un delito y prohíbe (bajo pena de denuncia y cárcel) que personas, en ejercicio de su libertad, busquen ayuda o ayuden en terapias de reconversión».
La cartilla califica de «terapia de conversión» cualquier intento de ayudar a una persona a dejar sus atracciones sexuales no deseadas o su confusión de género e iguala esto a prácticas de tortura. «Esta denominación se usa, en términos generales, para describir un conjunto de prácticas y métodos de naturaleza muy amplia, que se basan en la noción errónea y nociva de que la diversidad sexual y de género son trastornos que se deben corregir. Dichas prácticas son contrarias al principio de igualdad y no discriminación, siendo discriminatorias por naturaleza. Es decir, son crueles, inhumanas, degradantes; y poseen un riesgo considerable de tortura» (Cartilla, página 1).
Nuestro siguiente destino es Nicaragua, para defender la libertad religiosa. A menos de una semana del secuestro del Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, Mons. Rolando Álvarez, la dictadura de Daniel Ortega ha censurado otra radio católica. Y prosigue su “espantosa persecución” contra los católicos, como narra esta exiliada nicaragüense a Aciprensa.
Por eso, la presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Mariana Gómez del Campo, llamó a la comunidad internacional a seguir alzando la voz por la población de Nicaragua y exigir que la dictadura de Daniel Ortega detenga el asedio contra la Iglesia Católica.
En un video difundido el 22 de agosto en su cuenta de Twitter, Gómez del Campo llamó a la comunidad internacional a que siga “la lucha y alcemos la voz por nuestras hermanas y hermanos de Nicaragua”, recoge Aciprensa.
Por su parte, los sacerdotes de la Diócesis de Estelí, en Nicaragua, hicieron un llamado a las autoridades del régimen dictatorial de Daniel Ortega a convertirse, a que les permitan trabajar en paz y a que liberen a su Administrador Apostólico y Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando José Álvarez Lagos, recoge Aciprensa.
“Les hacemos un llamado a la conversión y a dejar de fastidiarnos la vida ¡Déjennos trabajar en paz! Liberen al obispo, los sacerdotes y los laicos y el Señor se apiadará de ustedes, si es que se convierten de corazón”, escribió el clero de Estelí en un comunicado difundido este 23 de agosto.
El clero también precisó que las acusaciones de la dictadura de Ortega, “como la de ser golpistas”, son “infundadas”, pues “aquí no hubo ningún golpe de estado, pues los golpes de estado los ejecutan los ejércitos, y aquí el ejército no le ha dado golpe de estado a nadie. Eso existe solo en la mente de ustedes”. “Aquí lo que hubo en el 2018 fue una protesta popular, que al final lo que dejó fue una enorme cantidad de jóvenes nicaragüenses asesinados”, añade el mensaje.
Y terminamos esta crónica semanal de Hispanoamérica en México, para defender la libertad de información. Allí, el periodista Fredid Román, director del periódico La Realidad y columnista de otros medios de comunicación, fue o asesinado a la puerta de su casa, ubicada en Chilpancingo, la capital del estado mexicano de Guerrero, recogió Mundiario.
Con la muerte de Román, México se consolida como el Estado más mortífero para ejercer el periodismo. Hasta ahora el peor año había sido 2017, con 12 víctimas según datos de Artículo 19. Pero todos los récords los ha batido 2022, con una alarmante cifra de 15 profesionales de la información ultimados añadiendo a Román a la lista, a una frecuencia de uno cada 15 días, según recogió RTVE.
El periodista criticó fuertemente las acciones que el Gobierno ha tomado tras conocer los resultados del informe de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, en el que se reconoció como un “crimen de Estado” el secuestro, asesinato y montaje de los estudiantes en la localidad guerrerense de Iguala, en 2014. La semana pasada se libraron órdenes de captura contra 83 mandos militares y policiales, así como se logró el arresto del exfiscal Jesús Morillo Karam, supuesto arquitecto de la “Verdad Histórica”.