Nuevo régimen de “Co-Vivienda”: Larreta trajo una idea de la China comunista a la Ciudad de Buenos Aires
El nuevo proyecto está basado en la propiedad estatal con derecho de uso por privados, una idea surgida de China. La legislación llega como respuesta a la delicada situación que atraviesa el mercado inmobiliario a raíz de la ley de alquileres, también respaldada por JxC
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"...Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras; y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la república y agita fundamentalmente a las naciones".
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La votación contó con el apoyo político del PRO, la Coalición Cívica (CC-ARI) y la Unión Cívica Radical (UCR), entre otros partidos de la coalición que dieron el visto bueno al nuevo “Régimen de Co-Vivienda“.
El sistema desplegado por JxC es prácticamente calcado del régimen que opera en China desde el asentamiento del comunismo. Bajo esta modalidad, se habilita que grupos de personas (pudiendo ser o no grupos familiares de forma indistinta) puedan presentarse a concurso para ocupar terrenos en propiedad del Gobierno.
Estos concursos determinan el “derecho de uso” (en la jerga china) por parte de los privados pero la propiedad sigue siendo estatal, mientras que de acuerdo a la nomenclatura de la Ciudad de Buenos Aires esto se determina como “derecho real de superficie”.
Los grupos de personas seleccionados realmente no son propietarios ni nunca lo serán bajo este régimen, y la propiedad, aunque habitada por familias, siempre quedará en manos del Estado, quien puede sacarte cuando quiera.
Esto es lo opuesto a la “propiedad privada“, como ocurre en los sistemas convencionales que se aplican en cualquier economía desarrollada, y establece, aunque informalmente, la “propiedad colectiva”.
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Este derecho real de superficie implica una cuota mensual que funciona de manera similar a un alquiler, la cual puede venderse o intercambiarse con otras personas y que garantiza un plazo de 70 años para el mismo. Esta última cláusula también es calcada de lo que ocurre en China, ya que los ciudadanos tienen la potestad de conservar el derecho de uso por 70 años o intercambiarlo si lo consideran necesario.
En lugar de desregular en mayor medida la concesión de permisos de construcción (por ejemplo ampliando las zonas sujetas a urbanización o permitiendo construir una mayor cantidad de pisos por edificio), el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prefiere importar recetas poco muy convencionales.
La ley de Juntos por el Cambio se manifiesta públicamente como una respuesta en materia de política urbana frente a que “muchas personas que han quedado fuera de esta posibilidad (la de alquilar) debido a la situación actual del mercado” según reza el documento publicado por la legislatura.
Sin embargo, en ningún momento se hace mención alguna a la ley de alquileres que condujo a una profunda retracción de la oferta de viviendas en la Ciudad. Como es de público conocimiento, esta ley fue propuesta, avalada e impulsada por el espacio de Juntos por el Cambio (siendo Daniel Lipovetzky su principal exponente) y provocó resultados catastróficos tanto para inquilinos como para propietarios.
La desregulación de la construcción y del sector inmobiliario no forma parte de la agenda de Juntos por el Cambio para la Ciudad, y en su lugar se proponen políticas de “planificación urbana” inspiradas en China. El documento del proyecto de JxC propone incentivar activamente los “valores y modos de vida comunitarios”.
“Es un concepto innovador, que explota las virtudes de los instrumentos jurídicos vigentes, orientado a la constitución de comunidades habitacionales estructuradas en torno a valores y modos de vida comunitarios, con una identidad común”, explica el proyecto presentado por Vamos Juntos.
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"...Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras; y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la república y agita fundamentalmente a las naciones".
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