El fallido candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, le deja un camino minado al próximo gobierno, entre las obligaciones por los Pases, las Leliq y las Levid en el Banco Central, las reservas netas negativas, la deuda comercial con proveedores extranjeros, el pago pendiente de dividendos y los juicios por la expropiación de YPF.
Además de haber dejado una situación macroeconómica completamente desequilibrada, los cuatro años de gestión kirchnerista (y especialmente los 16 meses de Massa) dejaron una serie de “bombas” que cada una por separado podrían causar una crisis sin precedentes en Argentina, pero Javier Milei deberá lidiar con todas juntas.
El economista Fernando Marurll estima que la bomba total que el kirchnerismo le deja a Milei asciende a por lo menos US$ 86.300 millones al cierre de 2023, más del doble en comparación con la pesada herencia del año 2015, cuando la acumulación de contingencias y desequilibrios que recibió Macri llegaba a los US$ 42.200 millones.
Para llegar a este cómputo, Marull señaló que las reservas netas del Banco Central finalizarán el año marcando un rojo de US$ 11.000 millones. Esto surge por sustraer de las reservas brutas a la posición de encajes en dólares para respaldar depósitos, los seguros bancarios y el fondo de resiliencia, y los recursos del swap con China. Se hereda un Banco Central completamente quebrado.
Por otra parte, debido a la colocación de contratos de dólar futuro y más recientemente LEVIDs del BCRA se llega a una carga de por lo menos US$ 9.300 millones para fin de año. Desde el punto de vista del Banco Central, el total de la “bomba” que deja el kirchnerismo se incrementa hasta los US$ 20.300 millones, una cifra similar a los US$ 20.500 millones que dejaba la administración de Alejandro Vanoli en diciembre de 2015.
Pero esta vez la pesada herencia no finaliza solamente con estos pasivos del BCRA. En lo que respecta al Tesoro Nacional, los vencimientos acumulados por deuda dollar-linked y por bonos duales (que se ajustan o bien por el coeficiente CER o bien por la evolución del tipo de cambio) ascienden a US$ 20.000 millones.
La cuenta sigue. El juicio millonario por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York le significará a la Argentina una carga por US$ 16.000 millones, y aunque el Estado podría evitar pagar la suma total en el corto plazo, de todos modos se vería obligado a entregar activos a modo de garantía.
Como si todo esto fuera poco, la deuda comercial de las empresas privadas con sus proveedores en el exterior, deuda virtualmente “congelada” por el Banco Central al no habilitar el acceso al mercado oficial, asciende a más de US$ 54.000 millones. De este monto, Marull estima que por lo menos US$ 22.000 millones se corresponden al flujo de la deuda, exigible para la próxima administración.
El BCRA no solamente intervino para boicotear los pagos de los importadores, sino que además limitó la distribución de dividendos de las empresas multinacionales operativas en el país hacia sus respectivas casas matrices en el exterior. Por esta partida se acumuló un pasivo de hasta US$ 8.000 millones, el doble que en el año 2015.
La administración de Milei tendrá la titánica tarea de sanear el Banco Central en las pésimas condiciones en las que el kirchnerismo lo entrega a partir del 10 de diciembre. La reestructuración de la institución es fundamental para llevar a cabo un plan de estabilización creíble que le ponga fin a la inflación.
