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El Congreso, Poder cogobernante según lo marca la Constitución, no pasó de resultar en los hechos, un apéndice del Partido Peronista dedicado a legislar conforme a los deseos del primer magistrado y las vehementes protestas de la bancada opositora en la Cámara de Diputados no pudieron quitarle el carácter de organismo complaciente. En lo que hace al Senado, la identificación con el Presidente fue total: la representación de Corrientes, única provincia donde el peronismo no obtuvo la Gobernación en 1946 —y que por cierto fue intervenida para lograr la uniformidad— se vio impedida de incorporarse al alto cuerpo por no tratarse la aprobación de los diplomas de sus dos personeros, que en 1947 caducaron al perder Corrientes su autonomía. Con la designación elocuente de Bloque Único de Senadores, desarrolló su actividad bajo dos enormes retratos de Perón y su consorte colocados en el recinto de sesiones.
En Diputados la oposición minoritaria, absolutamente inoperante para otra función que denunciar y documentar para la Historia los abusos del Gobierno, estuvo encarnada en los representantes de la Unión Cívica Radical y un solo conservador, Reynaldo Pastor, proveniente del Partido Liberal de San Luis. Las intervenciones de estos Diputados merecen un estudio especial que no es posible intentar en la presente obra, pues jalonaron una trayectoria digna de relieve. Sufriendo toda gama de contrariedades se enfrentaron una y otra vez a una mayoría disciplinada que trabó cualquier posibilidad de conmover al régimen oficial. Su primera víctima fue el Diputado Sanmartino, expulsado de la Cámara baja en 1947 contra claras disposiciones constitucionales, al cual siguieron al otro año sus colegas de bancada Rodríguez Araya, Cattáneo y Balbín, acusados de desacato al Presidente sin consideración a los fueros que protegían su libertad de expresión para criticar las medidas que impulsaba. El primero de ellos había sufrido en Rosario un atentado contra su vida por parte de agentes policiales; en cuanto al teniente coronel (retirado) Cattáneo, protagonizó un episodio de ribetes humorísticos luego que, condenando en la Cámara la fastuosidad de vida del general Perón, movió a que éste aludiera a su acusación en la Unión Ferroviaria:
—Agregó después que yo era multimillonario, que tengo una quinta que cuesta $ 3.000.000; y yo se la vendería por 50.000 a él, si la quisiera comprar...
Nada lerdo, el Diputado requerido aceptó telegráficamente la oferta pública, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil. El incidente culminó con el exilio de Cattáneo en el Uruguay, antes de sufrir alguna represalia grave luego de obtenerse su desafuero como parlamentario. En cuanto a Ricardo Balbín, presidente del bloque radical, quedó detenido y procesado ante la Justicia Federal en 1949, por calificar de "dictador" al Jefe del Estado.
Y así como es digno de rescatarse alguna vez con la prolijidad debida los trabajos de los representantes de la UCR en medio de un clima ingrato y corriendo riesgos de toda índole, muchas veces sin poder siquiera hacerse oír pues les era negada la palabra —se hizo célebre el Diputado peronista José Astorgano, del sindicato de choferes de taxi, cuya única función en los debates era pedir su cierre—, asimismo debe ponerse de la actitud del bloque peronista en su incondicional disposición para satisfacer cualquier medida encaminada a reforzar el totalitarismo oficial. Más adelante se encontrarán en este libro varios ejemplos concretos de sumisión del Congreso en favor del titular del Poder Ejecutivo y su esposa. Por ahora baste la genérica alusión de Eduardo Colom, presidente del bloque peronista, que resulta concluyente ante la imposibilidad de transcribir las intervenciones parlamentañas: "El Congreso funcionó como un Bloque Peronista. Si uno era Diputado, debía recibir la iniciativa para que entrara a la Cámara oficialmente"; es decir, los legisladores precisaban un previo acuerdo para proponer proyectos tanto como designaciones. Agrega en este aspecto Colom: "Todas las presidencias del bloque y de las Cámaras fueron elegidas por mandato presidencial; más que el Presidente en principio, por Eva Perón en su hora, y después por Perón". El origen de estas revelaciones, y la libertad con que fueron expresadas años después, les prestan una rigurosa veracidad, por si no bastara el análisis de las situaciones utilizando otras pruebas.
Es menester hacer una salvedad: cuando presidió la Cámara baja el doctor Ricardo C. Guardo, durante el primer bienio del Gobierno peronista, éste fue moderado en la conducción de los debates. Mas cuando en 1948 lo sucedió el Diputado doctor Héctor J. Cámpora, ya destacado como un genuflexo ostensible, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados se mostró celoso en ahogar las manifestaciones de la oposición: llegó a triplicar las campanas que sirven para ordenar los debates, a fin de silenciar sus reclamos. En tiempos de Cámpora se colocaron los retratos del Presidente y Eva Duarte de Perón en el recinto de las sesiones. El propio Guardo observó: "En la época de Cámpora la libertad de prensa (sic: ¿palabra?) disminuye"; y no escatimó el calificativo de "obsecuente" para su sucesor.
De su lado, el jefe de la bancada oficialista, Eduardo Colom, denomina de "casi nefasta" a la conducta de Cámpora, a través del cual el Presidente Perón controlaba férreamente la labor de los legisladores: "Estaba todo manejado de arriba", concluye.
Es preciso poner énfasis en este aspecto de la realidad en que se desenvolvían las instituciones rectoras del país, pues su conducta desvirtuaba la condición de República a un país que día a día dejaba de serlo en la realidad de las cosas.
El Poder Judicial —"centinela de la Constitución"— comenzó a ser digitado cuando desde 1946 el Senado negó acuerdo para confirmar a varios magistrados de carrera ascendidos sin contar con este requisito desde el 43, reemplazándolos por otros más complacientes, sobre todo en los fueros Federal, Penal y del Trabajo, más proclives a entender en causas donde el interés del Gobierno estuviera comprometido. El correr del tiempo acentuará la dependencia de muchos Jueces —resulta obvio estampar que no en su totalidad—, no sólo mediante la aplicación de nuevas leyes a veces manifiestamente inconstitucionales, sino por actitudes individuales y colectivas que mostraron esa subordinación.
El incidente inicial y más resonante consistió en el "juicio político" - nunca mejor usado el término - instaurado en el año 1946 contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos fallos hacían ver al régimen que se iniciaba, que su jurisprudencia significaba un grave obstáculo a su tendencia dominante. Su relato ya ha sido efectuado en otras obras; baste apuntar dos de las causales invocadas: que la Corte había convalidado la legalidad de los Gobiernos de facto de 1930 y 1943—lo cual era falso — e "integrar constan temente la lista anual de conjueces de la Corte Suprema con abogados del capitalismo extranjero o pertenecientes a la oligarquía dominante". Los demás cargos, carentes de sustento como estos dos, ceden ante el espíritu que campea en los transcriptos. El previsible resultado fue la destitución de todos los ministros del tribunal, con la excepción del doctor Tomás D. Casares, posiblemente en virtud de la armoniosa relación mantenida con la Iglesia.
La siguiente depuración se dio en 1949, a raíz de la exigencia del nuevo acuerdo senatorial luego de la entrada en vigencia de la Constitución reformada. Sin atenderse al derecho adquirido a desempeñar la función, los miembros del Poder Judicial fueron víctimas de esta interrupción a la validez de los actos estatales cumplidos.
No extrañará, en consecuencia, que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza enviara el 8 de diciembre de 1949 al general Perón "su adhesión incondicional"; que el Juez en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú se refiriera el 16 de abril de 1953 a las "luminosas y rectoras palabras de V.E.", declarándolo "Jefe indiscutido de la Patria" y ofreciendo "su adhesión plena, sin retaceos y sincera, con todo el esfuerzo de que soy capaz"; que el Fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca se pronunciara en igual sentidos (5).
No fueron los únicos; y el fallecimiento de Eva Duarte de Perón dará ocasión para que se adopten conductas impropias de la independencia de los magistrados, incluyendo la Corte Suprema y Cámaras de Apelaciones.
El Poder Judicial convalidó —con honrosas excepciones— los allanamientos, detenciones, torturas y confiscaciones en donde estaba en juego el interés oficial, sin observar normas expresas de la Ley Fundamental. En 1952 (mes de julio) había sido intervenido el de la Provincia de Buenos Aires para reorganizarlo totalmente.
Esa pendiente continuó hasta el fin del régimen, que corrigió drásticamente cualquier desviación a las normas supremas, como cuando se decretó la intervención al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba el 12 de noviembre de 1954, no sólo por la morosidad que se imputaba a sus procedimientos, sino principalmente —indicaban sus fundamentos— a "la parcialidad de sus decisiones y la retrógrada mentalidad que las inspira", ya que muchas sentencias no observaban "los principios de la Doctrina Justicialista incorporada a la nueva Constitución de la República". Por similares consideraciones, en febrero del año siguiente se dispuso intervenir igualmente a los Poderes Judiciales de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
En este mes del año 55, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entronizaba un busto del Presidente Perón en sus dependencias.
